Dos verificadoras independientes retomaron el caso y coinciden en que la documentación oficial no acredita irregularidades ni sanciones
Ciudad de México. La polémica en torno a los proveedores de Alimentación para el Bienestar volvió a colocarse en la conversación pública luego de que dos ejercicios independientes de verificación documental retomaran el caso de Comercializadora FamilyDuck y Grupo Pelmu. Tanto una verificadora internacional como un medio especializado en investigación documental coinciden en que, con base en la información oficial disponible, no existen sanciones ni irregularidades acreditadas contra las empresas.
El antecedente más relevante ocurrió durante una conferencia matutina del Gobierno de México, cuando la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del programa Alimentación para el Bienestar. En la aclaración difundida posteriormente por Infodemia se precisó que las adjudicaciones a Comercializadora FamilyDuck y Grupo Pelmu fueron realizadas conforme al marco legal vigente, además de señalar que no existían restricciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que impidieran contratar con dichas empresas.
Meses después, el tema fue retomado por Fact Check Latam, organización especializada en verificación de información en América Latina, la cual revisó expedientes públicos, auditorías y documentación oficial relacionada con los proveedores del programa. Su conclusión fue que no existe evidencia documental de sanciones administrativas, responsabilidades o daño patrimonial determinados por las autoridades competentes respecto de Grupo Pelmu y los demás proveedores analizados.
A esta revisión se sumó recientemente Rastreando MX, que publicó una actualización de su investigación incorporando nuevas respuestas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información dirigidas a diversas dependencias federales. Entre los documentos destaca una respuesta de la Auditoría Superior de la Federación que, de acuerdo con la investigación, no reporta observaciones pendientes ni irregularidades acreditadas en los contratos revisados de Comercializadora FamilyDuck. Asimismo, la publicación sostiene que los procedimientos consultados no derivaron en sanciones contra la empresa.
Aunque ambas investigaciones fueron desarrolladas de manera independiente, coinciden en un aspecto central: sus conclusiones están sustentadas en documentos oficiales obtenidos mediante mecanismos de transparencia y en información emitida por las propias autoridades fiscalizadoras.
La coincidencia entre la postura expresada por el Gobierno federal durante la conferencia matutina y las revisiones documentales posteriores vuelve a colocar el caso en el debate público, esta vez con un elemento adicional: la verificación independiente de los expedientes oficiales. Hasta el momento, la información disponible y consultada por ambas verificadoras apunta a que no existen resoluciones oficiales que acrediten irregularidades o sanciones contra Comercializadora FamilyDuck y Grupo Pelmu, mientras que el Gobierno federal mantiene que las contrataciones se realizaron conforme a la ley.
Más allá del debate político, el caso refleja la importancia de contrastar los señalamientos públicos con la evidencia documental y las resoluciones emitidas por las autoridades competentes, privilegiando el acceso a la información y la transparencia como base para la rendición de cuentas.
¿Que es alimentación para el Bienestar?
Alimentación para el Bienestar es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México enfocado en fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar el acceso de las familias a productos básicos a precios accesibles. Como parte de esta estrategia, el Estado realiza procesos de adquisición con proveedores que cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente, buscando asegurar el abasto oportuno de alimentos para millones de personas, especialmente en comunidades con mayores necesidades. En ese contexto, las contrataciones de empresas proveedoras forman parte de un esquema institucional sujeto a mecanismos de fiscalización, transparencia y revisión por parte de las autoridades competentes.
