La frontera entre proteger a quienes consumen información y vigilar lo que publican los medios volvió al centro de la discusión pública. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y sostuvo que su propósito es garantizar el acceso a información plural, oportuna y claramente identificada.
Durante su conferencia del 4 de agosto, la mandataria recordó que el artículo 6 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio. Bajo ese argumento, afirmó que las disposiciones no crean una facultad para que el Gobierno decida qué puede decirse en radio o televisión.
“¿Hay censura? No hay censura”, respondió Sheinbaum ante los cuestionamientos formulados contra el proyecto. También admitió que la redacción puede modificarse si existen apartados poco claros, pero defendió la permanencia del principio constitucional que protege a las audiencias.
Una consulta abierta hasta el 21 de agosto
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias fueron elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y permanecen en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. Durante ese periodo pueden enviar observaciones ciudadanos, empresas concesionarias, medios comunitarios, organizaciones civiles y especialistas.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios de radio y televisión abierta, sistemas de televisión y audio de paga, así como programadores de carácter comercial, público o social. Su aplicación forma parte de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión impulsada por el Gobierno federal.
Cada medio deberá nombrar a un defensor
Las estaciones y canales estarán obligados a contar con un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y ofrecer un mecanismo para recibir quejas, sugerencias o señalamientos. Ese defensor será responsable de solicitar información al medio, revisar cada caso y emitir recomendaciones cuando detecte una posible vulneración.
Según la explicación presentada por el Gobierno, las multas no se aplicarían por el contenido de una opinión o una noticia, sino por incumplir obligaciones formales como no publicar el código de ética, omitir el nombramiento del defensor o carecer de un sistema para recibir reclamaciones. La Comisión Reguladora podría intervenir cuando el medio no atienda las recomendaciones o no restituya los derechos afectados.
La ley ya establecía que los concesionarios debían contar con una instancia encargada de documentar y dar seguimiento a las observaciones del público, aunque el alcance de las obligaciones y la capacidad de la autoridad para supervisarlas han sido objeto de reformas y controversias jurídicas durante la última década.
Sheinbaum atribuyó parte de las críticas a sectores mediáticos que mantienen diferencias con su Gobierno. Esa respuesta trasladó la discusión más allá de los aspectos técnicos: mientras el Ejecutivo presenta los lineamientos como una herramienta ciudadana, sus detractores advierten sobre el riesgo de que conceptos como veracidad, contexto o distinción entre información y opinión sean interpretados de manera discrecional.
Las observaciones recibidas antes del 21 de agosto podrán modificar el documento, y será en su redacción final donde se definirá hasta qué punto la protección de las audiencias puede convivir con la libertad editorial sin abrir espacios para la intervención indebida de la autoridad.
