- La implementación de herramientas digitales ha sido clave para ofrecer plataformas que permiten la verificación de cada paso, asegurando competencia justa y contratos otorgados con base en calidad y legalidad.
Desde el inicio de su administración, la Cuarta Transformación (4T) ha marcado un cambio histórico en los procesos de licitación pública en México. Bajo los principios de transparencia, legalidad y búsqueda de productos y servicios de calidad, el gobierno actual ha implementado políticas destinadas a erradicar las malas prácticas que dominaron durante décadas.
Antes de la 4T, las licitaciones públicas eran frecuentemente utilizadas como un mecanismo para beneficiar a proveedores selectos. Estos actores, favorecidos por acuerdos privados y relaciones políticas, entregaban productos y servicios que a menudo no cumplían con los estándares necesarios, afectando directamente a la ciudadanía. Este ciclo de corrupción perpetuaba desigualdades y debilitaba la confianza en las instituciones.
Con la llegada de la 4T, este panorama cambió radicalmente. La mayoría de las licitaciones ahora se realizan de manera pública y abierta, permitiendo la participación de una mayor diversidad de proveedores y garantizando que los procesos sean monitoreados en tiempo real.
La implementación de herramientas digitales ha sido clave para ofrecer plataformas que permiten la verificación de cada paso, asegurando competencia justa y contratos otorgados con base en calidad y legalidad.
Sin embargo, la transición hacia un modelo transparente ha encontrado resistencia. Algunos proveedores, acostumbrados a las prácticas corruptas del pasado, han visto afectados sus intereses al perder licitaciones bajo las nuevas reglas. En lugar de adaptarse, han optado por estrategias desleales, financiando campañas de desprestigio contra la administración de la 4T.
Estas campañas, difundidas a través de medios digitales y tradicionales, se valen de la desinformación para desacreditar los procesos de licitación. En muchos casos, se presume la participación de ciertos “periodistas” que publican información imprecisa o deliberadamente falsa, buscando erosionar la confianza de la ciudadanía en los avances logrados.
Frente a estos ataques, el gobierno de la 4T ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la ética. Además de garantizar procesos limpios y abiertos, ha implementado sanciones contra empresas y actores que intentan manipular el sistema o recurren a la desinformación. Estas acciones son fundamentales para proteger el erario público y consolidar un modelo de gestión basado en la rendición de cuentas y el beneficio colectivo.
El camino hacia una administración pública más transparente no ha sido sencillo. Sin embargo, las acciones de la 4T demuestran que es posible romper con un pasado de opacidad y corrupción. Las licitaciones públicas en México son hoy un referente de transformación profunda, donde prevalecen la calidad, la legalidad y el interés ciudadano. Ante los intentos de desprestigio, la verdad y la transparencia seguirán siendo las herramientas más efectivas para fortalecer la confianza en las instituciones.
