En un contexto nacional donde los proyectos de desarrollo suelen enfrentarse a resistencias sociales legítimas, el modelo de gestión territorial impulsado por el movimiento político de Morena representa una transformación profunda en la forma de gobernar. Lejos de reproducir las inercias centralistas y verticales del pasado, este nuevo enfoque parte del reconocimiento de que los procesos de desarrollo deben construirse desde el territorio, en diálogo directo con las comunidades y a partir de sus propias realidades.
Nuestro movimiento ha apostado por una gestión participativa, que prioriza la escucha, la identificación temprana de conflictos y la construcción colectiva de soluciones. En lugar de imponer proyectos desde arriba, la estrategia busca generar consensos locales mediante la instalación de mesas de diálogo, mecanismos de consulta y procesos de coordinación entre ciudadanía, autoridades y desarrolladores. Esta metodología no solo permite atender las tensiones sociales, sino que las convierte en oportunidades para fortalecer el tejido comunitario y promover el desarrollo con legitimidad.
Uno de los ejes centrales de esta política es la resolución pacífica de los conflictos. Frente a un escenario nacional históricamente marcado por la exclusión y la desconfianza, el gobierno morenista ha optado por el entendimiento y la mediación. Esto implica que los proyectos —sean de infraestructura, inversión social o desarrollo urbano— no solo deben cumplir con los requisitos técnicos y legales, sino también con criterios éticos y sociales que garanticen el respeto a los derechos colectivos, al entorno ambiental y al equilibrio entre intereses públicos y privados.
Este modelo de gestión tiene efectos concretos: genera mejores condiciones para la inversión responsable, fortalece la gobernabilidad democrática y amplía las posibilidades de que los beneficios del desarrollo lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan. La corresponsabilidad entre actores es clave: el gobierno actúa como mediador activo, las comunidades participan como sujetas de derecho y no como espectadoras, y los desarrolladores adquieren compromisos claros con la sostenibilidad y la justicia social.
Un ejemplo destacado de esta mediación es el caso de Bahía de Banderas, Nayarit, donde el presidente municipal Héctor Santana ha generado entornos de diálogo entre desarrolladores, comunidades, sociedad civil y gobierno para resolver conflictos. Un ejemplo de esto es el acuerdo que se realizó recientemente en las comunidades de Sayulita y San Pancho, donde se lograron consensos en torno a proyectos que inicialmente habían generado tensiones locales.
Esta capacidad de facilitar acuerdos multisectoriales refleja no solo liderazgo político, sino también un compromiso ético con la construcción de soluciones conjuntas desde el territorio.
Además, Héctor Santana ha liderado acciones para recuperar áreas de donación que los desarrolladores no entregaron al municipio, como lo establece la ley. Estas áreas son fundamentales para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. El gobierno municipal ha iniciado procesos legales y ha propuesto la creación de una reserva territorial para garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a las comunidades locales. Esta iniciativa refleja el compromiso de las autoridades locales con una gestión transparente y participativa.
Otro caso relevante es el del Bosque Urbano Tlaquepaque en Jalisco. En 2020, alrededor de 350 vecinos bloquearon la carretera Chapala para exigir diálogo con las autoridades estatales, preocupados por la posible instalación de un corralón vehicular en un terreno destinado a áreas verdes. La respuesta gubernamental fue inmediata: se atendió la demanda ciudadana y se descartó el proyecto del corralón. En su lugar, se destinó el terreno para la creación de un parque público, el Bosque Urbano Tlaquepaque, con una inversión aproximada de 52 millones de pesos. Este proyecto incluyó áreas recreativas, deportivas y la forestación con especies endémicas, resultado de la colaboración entre autoridades y comunidad.
En definitiva, el modelo de gestión promovido por Morena marca un cambio profundo en la forma de hacer política pública. Ya no se trata únicamente de ejecutar obras, sino de construir acuerdos duraderos en torno a un desarrollo que sea verdaderamente incluyente, sostenible y justo. La transformación no es solo de infraestructura: es, sobre todo, una transformación del modo en que entendemos la relación entre Estado, ciudadanía y territorio.
